Resumen: La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda sobre despido interpuesta por el trabajador demandante y condena a la nueva empresa concesionaria del servicio de transporte escolar a subrogarse en el demandante, absolviendo a la anterior empresa en la que venía presando sus servicios el demandante. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación la empresa condena que es desestimado y el trabajador que estimado. La Sala partiendo de los hechos declarador probados señala expresamente que el trabajador venia prestando sus servicios como conductor en el servicio de transporte que fue objeto de concesión a la empresa recurrente, sin que se haya acreditado que la empresa cedente haya incumplido de forma relevante las obligaciones de transmisión de información de tal modo que haya impedido la subrogación. En cuanto al recurso del trabajador se estima y ello porque el demandante prestaba sus servicios parte de su jornada de trabajo en el servicio que fue objeto de adjudicación pero el resto de la jornada lo prestaba en otros servicio o lineas de la empresa cedente y que no fue objeto de adjudicación deberá responder la empresa para la que venia prestando sus servicios y ello en esa parte de la jornada ( 28 horas semanales).
Resumen: Basándose en el resultado de la prueba testifical, la Sala confirma la condena del recurrente cuya responsabilidad fue establecida por el delito de conducción bajo la influencia de estupefacientes, en un supuesto en el que el acusado ingirió un blister de diazepan con fines autolíticos. La Sala descarta que resulte aplicable el principio "in dubio pro reo", que impide que se dicte un pronunciamiento condenatorio si no se han superado las dudas sobre la culpabilidad del acusado, pero no determina la aparición de dudas donde no las hay. Al respecto, la sentencia recuerda que "la diferencia entre presunción de inocencia y la regla "in dubio pro reo' resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla "in dubio pro reo", condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Este principio sólo entra en juego, cuando efectivamente, practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia, pertenece a las facultades valorativas del juzgador de instancia, no constituye precepto constitucional y su excepcional invocación casacional sólo es admisible cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir "en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de la duda".
